La necesidad de interpretar las normas de derechos humanos, de con­formidad con las sentencias de la Corte Interamericana, deriva del carác­ter vinculante de sus resoluciones. Esto quiere decir que obligan al Estado mexicano a orientar sus decisiones en el mismo sentido en que lo ha he­cho este tribunal internacional, ya que constituyen “una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado”; así como la jurisprudencia nacional determina el conteni­do y alcance de los derechos reconocidos en la legislación mexicana. (Ley General Comentada, 77)