Los principios de igualdad y no discriminación tienen un vínculo indisoluble con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos. Los estados se encuentran obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna.

Si bien la prohibición de discriminar es general, toda vez que está dirigida tanto al Estado como a los particulares; por lo que hace al Estado, además de estar obligado a dicho respeto, se encuentra constreñido por el deber de proteger y promover el derecho de todas las personas a no ser discriminadas.

En este sentido, se desarrollan las disposiciones que homologarán el ejercicio del derecho de acceso a la información en cualquier parte del país, así como la uniformidad respecto de las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados del orden federal, estatal y municipal.