Así consta en el expediente 1457/2003 que está en manos del Poder Judicial del estado y con el cual la madre de Angie pretendió fincar responsabilidades al descubrir que la anemia aplástica había sido provocada por las sesiones de quimioterapia practicadas a su hija.
La llegada de Angélica Robles Rangel a la Comisión de Acceso a la Información de Nuevo León ocurrió años después de la muerte de su hija. No se trató de un asunto azaroso sino de una necesidad judicial, motivada por la resolución del agente del Ministerio Público Investigador en Averiguaciones Previas del Ramo Penal número Cuatro del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien declaró improcedente la demanda por "responsabilidad médica y homicidio culposo" presentada por Angélica.
Debido a que el peritaje encargado por el Poder Judicial quedó en manos de dos alumnos de uno de los involucrados, el doctor David Gómez Almaguer, Angélica interpuso una demanda de amparo que -sabía desde el principio- sólo habría de llegar a buen puerto con la presentación del expediente clínico de su pequeña.
Fue entonces cuando se abocó a la tarea titánica de conseguir los estudios y análisis realizados por el hospital. Como le dictaba la lógica, el 12 de noviembre de 2003 se encaminó a la dirección del hospital universitario para solicitar por escrito que le proporcionaran las "copias auténticas" del expediente clínico completo de su hija, registrado con el número 235371-7.
Deseaba conseguir "los estudios, análisis o cualquier otro examen de esta naturaleza que se haya mandado practicar, por virtud de cualquier tratamiento realizado a mi hija Angélica Lugo Robles, a cualquier otra institución médica o de cualquier naturaleza externa al Hospital Universitario Dr. Eleuterio Gómez, dentro y fuera de territorio nacional, así como los resultados de los mismos".
Estaba muy interesada en obtener el resultado del hospital o laboratorio de Estados Unidos al que - le dijeron los doctores- habían mandado el estudio que diagnosticó que su hija tenía Aplasia Medular y no leucemia.